Hanna Back tiró el número con una calma que yo no tuve. El 75% de los empleos actuales son automatizables en el mediano plazo. No el 30%, que ya sería para asustarse. No el 50%, que ya te obliga a repensar el modelo entero. El 75%. Tres de cada cuatro pegas que existen hoy las podría hacer un sistema que ya existe o que está casi listo. Y lo dijo con esa serenidad de quien lleva años conviviendo con la cifra y ya no se inmuta. Yo me inmuté. La verdad es que lo sigo procesando mientras escribo esto.
Yuval Harari acuñó lo de la “clase inútil” hace ya varios años, para nombrar lo que podría pasar cuando la automatización deje a franjas enteras de la población sin función económica que importe. Lo criticaron, con razón, por lo deshumanizante del término. Nadie es inútil. La utilidad económica no es la dignidad humana. Todo eso es cierto y hay que decirlo. Pero la palabra, incómoda como es, apunta a algo real que dejó de ser proyección para ser presente que se puede ver. La clase inútil ya no es un experimento mental. Tiene rostro. Tiene demografía. Tiene geografía. (Y acá tengo que confesar algo antes de seguir disertando desde la silla: yo no voy a ser el primero en la fila de los reemplazados, y eso me hace muy fácil teorizar. El que pregunta en el podcast tiene la guata más o menos a salvo. Por ahora.)
Con Hernán Sandoval nos metimos en el retail. Zipedi, robots que pasean por los supermercados, etiquetas electrónicas que actualizan precios en tiempo real sin que nadie mueva un dedo, algoritmos que manejan el inventario con una precisión que ningún equipo de personas iguala en costo. Unimarc tiene datos de comportamiento de compra del 80% de los hogares chilenos. No del 80% de sus clientes. Del 80% del país. Esa concentración de datos sobre lo que comemos, lo que tomamos, a qué hora compramos pañales, en manos de un actor privado, es una de esas cosas que dichas en voz alta suenan a exageración y sin embargo son, simplemente, así.
Lo que eso significa para el que trabaja en el retail no es abstracto, es concreto: las cajas las reemplaza la autoatención, los repositores de precio los reemplaza una pantalla, los analistas de inventario los reemplaza un sistema que hace en milisegundos lo que antes tardaba semanas. Esas pegas no son una metáfora. Son la plata con que come gente específica, mucha de ella sin el cartón formal para saltar a otro sector. Y acá está el detalle que me incomoda: el debate sobre automatización casi siempre es un debate entre gente que no va a ser automatizada hablando sobre gente que sí. Esa asimetría me parece éticamente cargada y políticamente explosiva. Yo, evidentemente, escribo desde el lado cómodo de esa asimetría. No obstante, reculo, porque mañana el lado cómodo se corre un casillero y nadie te avisa.
Mauricio Chiong llegó por otro pasillo, el del emprendimiento con IA en publicidad, pero lo que me quedó fue su diagnóstico sobre la movilidad social en Chile. La escalera que dejó subir a generaciones anteriores entre clases —vía educación y esfuerzo— está, según él, rota. No inclinada, no más lenta: rota. La vieja promesa de que estudiar y trabajar caleta abre puertas ya no funciona igual, porque el capital que las familias de mayor ingreso acumularon durante generaciones rinde más que cualquier sueldo. El dinero viejo gana. Siempre. Y en ese escenario, ¿qué le decís a alguien que está a punto de ser desplazado por una máquina y cuya única palanca histórica, estudiar y esforzarse, ya no le garantiza el ascenso? (Pregunta que dejo botada a propósito, porque no tengo la respuesta y desconfío de cualquiera que la diga muy rápido.)
Chile envejece. Para 2030, más del 50% de la población tendrá más de 55 años. Eso se cruza con todo lo anterior de una forma que casi nunca aparece en el mismo análisis. Un país que envejece tiene una fuerza laboral que envejece. Y la fuerza laboral que más cuesta reentrenar, la que más le pena adaptarse a un cambio tecnológico veloz, suele ser la más grande. No porque los mayores sean incapaces. Sino porque llevan más años operando bajo los supuestos de un modelo que se está moviendo bajo sus pies, y cambiar un supuesto que tenís internalizado hasta los huesos es harto más difícil que aprender una herramienta nueva. Lo digo yo, que a los cuarenta y algo ya me cuesta el doble que a los veinte aprender lo que sea.
Y después está Chiloé. O más bien, están las mujeres rurales de Chiloé que Mirko Macari mencionó en el episodio 20 como ejemplo concreto de lo que significa la brecha digital cuando se habla en serio y no como abstracción de política pública. Mujeres que no manejan un smartphone con fluidez. Que viven donde la conectividad es intermitente. Que están quedando completamente afuera de la economía digital no porque no quieran entrar, sino porque esa economía está diseñada asumiendo condiciones que ellas no tienen. Mirko trabaja para llevarles IA. Para enseñarles a usar herramientas que les mejoren el día a día. Para que la brecha no sea para siempre. Eso me parece admirable y necesario, y al mismo tiempo insuficiente si no viene acompañado de una pregunta más de fondo sobre por qué la brecha existe en primer lugar. (Me pasa, seamos honestos, que me encanta saltar a lo estructural justo cuando alguien está haciendo el trabajo concreto que yo no hago. Es comodísimo criticar la falta de redistribución desde un teclado un domingo a las once de la noche.)
La palabra que Mirko usó para describir todo esto fue cortisol. La sociedad del cortisol. El estrés crónico como condición basal de la vida contemporánea, sobre todo para quien vive en la precariedad. Mencionó una etimología que se me quedó pegada: el trabajo como tripalium, un instrumento romano de tortura de tres puntas. El trabajo que mutila. La idea de que la palabra lleva inscrita, desde su origen, la violencia de la obligación, del no tener alternativa, del hacer porque si no hacís no comís. La automatización, en ese contexto, podría ser liberación si viniera con redistribución. No viene. Al menos no todavía. Y sin redistribución, la automatización es nomás una manera más eficiente de dejar a la gente sin plata.
Acá aparece el dato más paradojal que me topé investigando para este libro. El 62% de las empresas chilenas reporta escasez de talento. Tecnología y TI encabezan ese déficit con un 83%. Y al mismo tiempo, hay trabajadores que no encuentran pega. Gente con capacitación, con experiencia, que queda afuera no porque no haya empleos sino porque los empleos disponibles piden competencias que ellos no tienen y que nadie está pagando para que desarrollen. El mismatch es estructural. No es problema de oferta ni de demanda por separado. Es la distancia entre las dos, una distancia que el mercado por sí solo no cierra porque no tiene ningún incentivo para hacerlo.
Argentina —dato curioso y doloroso a la vez— está expulsando científicos hacia Chile. La crisis de financiamiento a la ciencia allá está empujando a investigadores formados con plata del Estado argentino a buscar trabajo afuera, algunos en Chile. La fuga de cerebros tiene dirección, y esa dirección dice algo sobre qué sistema de incentivos arma cada país para su gente. Chile recibe. Argentina pierde. Pero Chile recibe en un contexto en que su propio sistema de formación científica es insuficiente. Recibe lo que no formó. Es decir, nos beneficiamos de un drama ajeno mientras no resolvemos el propio, y eso tampoco lo digo con superioridad: lo digo medio incómodo, porque me incluye.
El ingreso básico universal aparece en casi todas las conversaciones sobre automatización como el elefante en la pieza. Nadie lo propone con convicción plena. Nadie lo descarta del todo. Hay experimentos. Hay datos. Hay argumentos filosóficos potentes a favor y en contra. Lo que parece cada vez más inevitable es que la pregunta no se va a poder esquivar mucho más. Si la automatización borra empleos en masa y el sistema de protección social sigue amarrado al empleo formal como condición de acceso, la ecuación no cuadra. En algún punto, algo tiene que ceder.
Y entonces llego a la pregunta que no puedo esquivar. La que Harari dejó incrustada en esa palabra incómoda y que no he podido sacarme de encima desde que Hanna Back la citó con esa calma que yo no tuve.
¿Quién decide quién es útil?
Porque esa decisión no es técnica. No la toma el algoritmo. La toman personas con intereses, con posiciones en la estructura social, con definiciones particulares de lo que vale y lo que no. En el pasado, esa decisión se legitimó vía mercado: útil es lo que alguien paga por recibir. Pero si el mercado se reconfigura por la automatización de un modo que excluye a las mayorías, entonces la legitimidad de ese criterio se vuelve una pregunta política. Una pregunta sobre qué tipo de sociedad queremos ser. Y esa pregunta no la responde ninguna empresa de tecnología, aunque algunas actúen como si pudieran.
Las mujeres de Chiloé no son inútiles. Los repositores de precio desplazados por etiquetas electrónicas no son inútiles. Los trabajadores mayores que no alcanzan a reentrenarse en el plazo que el mercado les exige no son inútiles. Tienen capacidades, experiencias, formas de conocimiento que no aparecen en ningún benchmark de productividad pero que son reales y que importan.
El problema no es que sean inútiles. El problema es que vivimos en un sistema que cada vez tiene menos paciencia para lo que no se puede medir en los términos que ese sistema entiende.
Eso, más que la automatización en sí, me parece el verdadero problema. Y acá no tengo el cierre redondo donde te prometo que vamos a estar bien, porque no lo sé y mentir sería peor. Lo único que tengo es esto: que el día que el sistema deje de tener paciencia conmigo —porque algún día la deja con todos— voy a querer que alguien haya hecho antes la pregunta de quién decide. (Capaz que escribir esto, todavía del lado cómodo, sea la única forma que tengo de empezar a hacerme cargo. Capaz que ni eso. Pero algo es.)